Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (San José, 9 de enero de 1940) es un economista, empresario abogado, y político costarricense. Rodríguez fue ministro de planificación (1967-1970) y de la Presidencia (1970) y Director del Banco Central durante la administración de José Joaquín Trejos (1966-1969), diputado de la Asamblea Legislativa en el período 1990-1994, mismo en que ejerció la Presidencia del Congreso, 43.° presidente de la República del 8 de mayo de 1998 al 8 de mayo de 2002 y fue elegido por unanimidad secretario general de la Organización de Estados Americanos el 7 de junio de 2004, puesto al que voluntariamente renunció en octubre del mismo año para presentarse a enfrentar cargos judiciales en Costa Rica.

Rodríguez fue un político de pensamiento económico liberal^[1]​ que favorecía la disminución del Estado, el libre comercio, la apertura de los monopolios públicos y la construcción y mantenimiento de infraestructura pública con participación del sector privado, políticas que implementó desde su Presidencia. Su política social cristiana logró la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador que estableció un sistema multipilar de pensiones, así como la defensa de la madre y el niño con la Ley de Paternidad Responsable. En su gobierno enfrentó protestas sociales a raíz de su empeño por aprobar un paquete de leyes que abría los monopolios de telecomunicaciones y electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad que han sido vistas como un momento icónico de las movilizaciones populares costarricenses.^[2]​

Acusado de haber recibido sobornos de la firma francesa Alcatel para la adjudicación de contratos para telecomunicaciones, Rodríguez renunció a la Secretaria General de la OEA y voluntariamente regresó al país donde a su arribo previamente anunciado fue arrestado y procesado judicialmente por enriquecimiento y condenado a cinco años de prisión, sentencia que luego fue revocada y declarado inocente por dos sentencias unánimes del Tribunal de Apelación de Sentencias y otra de la Sala de Casación Penal. En las últimas sentencias se tomaron como válidas todas las pruebas que antes había sido declaradas ilegítimas.^[3]​^[4]​